El Constitucional establece que la colegiación obligatoria afecta también al personal de la Administración

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 82/201882/2018, de 16 de julio de 2018, establece que la colegiación obligatoria afecta también al personal de la Administración pública, al considerar que "la normativa estatal no exceptúa a los empleados públicos en general de la necesidad de colegiación en el caso de que presten servicios solo para, o a través de, una Administración pública".



El Tribunal Constitucional se refiere a la colegiación como "una cautela dirigida a garantizar que el ejercicio de las competencias colegiales de ordenación de la profesión que se atribuyen, en exclusiva, a los colegios profesionales y,... que no desplaza o impide el ejercicio de las competencias que, como empleadora, la Administración ostenta sin excepción sobre todo su personal, con independencia de que éste realice o no actividades propias de profesiones colegiadas".

 

De esta forma, se deja sin efecto dos párrafos del artículo 17.2 de la Ley de Cantabria 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria, que determina que "el requisito de colegiación previsto en este apartado no podrá ser exigido a los profesionales vinculados con la Administración Pública mediante relación de servicios regulada por el derecho administrativo o laboral".



En la resolución analiza la exigencia de la colegiación obligatoria de determinados colectivos profesionales para poder ejercer su actividad, considerando que, en principio, no es contraria ni a la garantía democrática de la estructura y funcionamiento de los colegios profesionales, ni a la libertad positiva y negativa de asociación, sino que dicha exigencia se considera una "condición básica que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en todo el territorio del Estado".



Por lo que, la nueva Sentencia del Tribunal Constitucional vuelve a declarar  inconstitucional que las Comunidades Autónomas por ley autonómica dispensen de colegiación a los funcionarios y empleados públicos para el ejercicio de la profesión. Estima que dicha medida es competencia estatal, que actualmente mantiene las obligaciones de colegiación obligatoria vigentes en el momento de aprobarse la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) y no distingue entre el ejercicio privado de la profesión y su ejercicio al servicio de las Administraciones Públicas.



Fuente: Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.




Etiquetas: Sentencias, Comunidades autónomas, colegiación, Administración pública

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