El Colegio de Agrónomos recurre un expediente sobre explotación avícola en San Clemente (Cuenca)

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias pide a los ayuntamientos de Cuenca que cumplan con la normativa sobre proyectos técnicos y competencias profesionales para garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de los animales y el respeto al medio ambiente.
El Colegio de Agrónomos hace esta petición la misma semana que ha presentado sendos recursos en el Ayuntamiento de Barajas de Melo y de San Clemente tras tener conocimiento de que están tramitando expedientes para evaluaciones ambientales e informes urbanísticos de explotaciones ganaderas cuyos proyectos no han sido realizados por técnicos competentes, cuya formación no garantiza que se cumplan los condicionantes de seguridad alimentaria y bienestar animal.
Según la normativa, los técnicos municipales, en cumplimiento de esas condiciones de seguridad, tienen que comprobar y examinar la competencia del técnico que lo firma.
No somos conscientes de la importancia que tiene que un proyecto de estas características esté elaborado por un profesional con la formación adecuada, y deberíamos saber que de ello depende tanto la salud de las personas como la de los animales, sin olvidar las consecuencias que podría tener para el medio ambiente, señalan desde el Colegio de Agrónomos.
Los expedientes de Barajas de Melo y San Clemente están redactados por un arquitecto y un ingeniero de montes, técnicos que no son competentes en esta materia y que no tienen atribuidas competencias al respecto, y por un ingeniero técnico industrial, que ni siquiera indica su especialidad, por lo que no puede saberse si posee los conocimientos requeridos. Esta circunstancia se repite de manera habitual, advierten desde el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias.
Aspectos como la alimentación, el ambiente, el espacio y la disposición de las instalaciones, así como la limpieza de las mismas y la gestión de los residuos (estiércoles, gases, etc.) influyen considerablemente en todo lo anterior. Por ello, son fundamentales a la hora de redactar los proyectos técnicos en los que se basan los informes y las evaluaciones que deben tramitar y autorizar los ayuntamientos.
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Isabel Caballero
Responsable de Comunicación
COI Agrónomos de Centro y Canarias
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Madrid, 20 de julio de 2017. El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha puesto en marcha una iniciativa en la que ofrece, y a la vez solicita, colaboración a los ayuntamientos en el control de la competencia de los autores de los trabajos que se presentan en estas corporaciones, especialmente en los casos en que surjan dudas sobre la competencia profesional para llevar a cabo la actuación documentada en el proyecto. De esta forma, el Colegio de Ingenieros Agrónomos muestra su preocupación por las responsabilidades que pudieran derivarse a la hora de otorgar las correspondientes licencias municipales, para lo cual ha ofrecido los medios técnicos y jurídicos del Colegio.
Entre las funciones que la vigente Ley de Colegios Profesionales asigna a estas organizaciones, se encuentran las de ejercer dentro de su ámbito territorial y entre otras, aquellas que con carácter general redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, la representación y defensa de la profesión ante las diferentes administraciones, colaborar con éstas mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa y la de adoptar medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
Por ello, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias se ha dirigido a los ayuntamientos del ámbito de su demarcación territorial, entre las que figura la provincia de Cuenca, solicitando y ofreciendo su colaboración para prevenir el intrusismo profesional mediante la comprobación de la capacidad y competencia del técnico autor del proyecto aportado como parte de la documentación necesaria para solicitar la concesión de las preceptivas licencias. En este sentido y tal como se ha pronunciado en diversas sentencias el Tribunal Supremo, la responsabilidad de comprobar dicha competencia corresponde a los ayuntamientos, sin que sea suficiente a estos efectos, que el proyecto aparezca visado por el colegio profesional.
Por su parte, los ayuntamientos tienen atribuida entre otras múltiples funciones y competencias, la de garantizar que los actos de edificación y uso del suelo cumplen con el planeamiento urbanístico y otras determinaciones de la Ley, otorgando o denegando en su caso, las correspondientes licencias.
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