¿Está el ingeniero agrónomo capacitado para ejercer como experto en bienestar animal?

Madrid, 20 de julio de 2017. El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha puesto en marcha una iniciativa en la que ofrece, y a la vez solicita, colaboración a los ayuntamientos en el control de la competencia de los autores de los trabajos que se presentan en estas corporaciones, especialmente en los casos en que surjan dudas sobre la competencia profesional para llevar a cabo la actuación documentada en el proyecto. De esta forma, el Colegio de Ingenieros Agrónomos muestra su preocupación por las responsabilidades que pudieran derivarse a la hora de otorgar las correspondientes licencias municipales, para lo cual ha ofrecido los medios técnicos y jurídicos del Colegio.
Entre las funciones que la vigente Ley de Colegios Profesionales asigna a estas organizaciones, se encuentran las de ejercer dentro de su ámbito territorial y entre otras, aquellas que con carácter general redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, la representación y defensa de la profesión ante las diferentes administraciones, colaborar con éstas mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa y la de adoptar medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
Por ello, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias se ha dirigido a los ayuntamientos del ámbito de su demarcación territorial, entre las que figura la provincia de Cuenca, solicitando y ofreciendo su colaboración para prevenir el intrusismo profesional mediante la comprobación de la capacidad y competencia del técnico autor del proyecto aportado como parte de la documentación necesaria para solicitar la concesión de las preceptivas licencias. En este sentido y tal como se ha pronunciado en diversas sentencias el Tribunal Supremo, la responsabilidad de comprobar dicha competencia corresponde a los ayuntamientos, sin que sea suficiente a estos efectos, que el proyecto aparezca visado por el colegio profesional.
Por su parte, los ayuntamientos tienen atribuida entre otras múltiples funciones y competencias, la de garantizar que los actos de edificación y uso del suelo cumplen con el planeamiento urbanístico y otras determinaciones de la Ley, otorgando o denegando en su caso, las correspondientes licencias.
COI Agrónomos de Centro y Canarias
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Reunión Junta de Gobierno |
Carlos Agromayor, delegado en Cuenca |
Industria agraria |
17 de julio de 2020. Numerosas explotaciones de Castilla – La Mancha se quedan sin percibir las ayudas para inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (Planes de Mejora) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, al haberse agotado el presupuesto.
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, desde el convencimiento de que debe atenderse cualquier iniciativa que suponga un fortalecimiento de nuestro sector agroalimentario, han dado en todo momento la bienvenida a cuantas ayudas, establecidas o gestionadas por la Administración, vayan en esa dirección, que sean acordes con las necesidades del mismo y a cualquier esfuerzo presupuestario que garantice plenamente su cobertura económica.
En el caso de la línea de ayudas para inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (Planes de Mejora) para el año 2018, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, se ha agotado la dotación presupuestaria sin que se haya cubierto la posibilidad de atender al amplio espectro de explotaciones que las solicitaron y las necesitaban.
La modernización de las estructuras productivas de explotaciones agropecuarias, esenciales para el fortalecimiento y rejuvenecimiento del sector productor, debe hacerse, por un lado, con el esfuerzo presupuestario preciso para garantizar la disponibilidad económica que permita hacerlas efectivas y, por otro, con la adopción de criterios de selección más amplios, que eviten discriminaciones injustificadas y que malogran las expectativas de muchos agricultores y ganaderos.
La pandemia que durante los últimos meses nos ha venido azotando ha puesto de manifiesto, y así se ha reconocido por la sociedad, la trascendental labor realizada por el sector primario para garantizar el abastecimiento de alimentos, que ha resultado esencial para evitar que una crisis sanitaria se haya transformado además en alimentaria. El esfuerzo y dedicación de todos los actores del medio rural, desde los agricultores y ganaderos hasta los técnicos, entre los que nos encontramos los ingenieros agrónomos, ha sido crucial.
Los ingenieros agrónomos creen que, cuando el sector primario ha confirmado su carácter estratégico, es el momento de avanzar y evitar que se instale en el mismo y particularmente entre los agricultores y ganaderos un sentimiento de frustración que pueda tener implicaciones negativas, no solo socioeconómicas sino también de carácter medioambiental.
Ahora más que nunca es necesario un apoyo decidido desde las Administraciones competentes, no solo en defensa del interés legítimo del sector sino también del interés general de una sociedad, que ha asumido que la continuidad de la actividad de nuestras explotaciones es vital para garantizar correcto funcionamiento de la cadena alimentaria.
Por otro lado, el Colegio, como corporación que debe velar por los intereses de la profesión, apoya, como no podía ser de otra forma, cuantas medidas redunden en beneficio de sector, tales como las políticas de ayudas a la inversión, que han constituido en general un incentivo determinante para que tanto el sector productor, como el de transformación o de la industria agroalimentaria acometan proyectos de inversión que contribuyan a incrementar la renta de los productores del sector primario, y de todos los eslabones de la cadena de valor, entre los que se encuentran los colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Garantizar por parte de la Administración competente la cuantía de las ayudas “prometidas” resulta esencial para que los titulares de las mismas no vean frustradas sus expectativas y para que los profesionales que redactan sus proyectos puedan aconsejar u orientar con suficiente garantías la rentabilidad de las inversiones a sus clientes, evitando que asuman honorarios y gastos innecesarios.
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Isabel Caballero
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