El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento de Barajas de Melo, Cuenca, en el que se está tramitando un expediente de certificado o informe de compatibilidad urbanística de una granja porcina de selección con 2690 plazas de cerdas reproductoras (de cría) con lechones hasta 20 kg, basado en un proyecto de actividad y un estudio de impacto ambiental redactados por una arquitecta.
En el recurso, el Colegio apela al cumplimiento de la normativa vigente para pedir que no se conceda el informe o certificado de compatibilidad urbanística en base a dichos documentos, señalando que a la hora de dilucidar sobre la competencia de los técnicos debe tenerse en cuenta uno de los requisitos básicos exigibles a los edificios en la Ley de Ordenación de la Edificación, como es el de la funcionalidad y la utilización de la edificación, una granja en este caso, que debe primar sobre otros condicionantes porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, “las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones para facilitar la realización de las funciones previstas de la actividad, lo que supone un completo conocimiento de la misma, ya que condicionará el diseño del proyecto”.
Efectos para las personas y el medio ambiente
El Colegio se apoya en una serie de sentencias que sostienen la competencia profesional a favor de los ingenieros agrónomos, justificando que la especialidad técnica correspondiente a la profesión de arquitecto no es una especialidad próxima a la actividad agropecuaria y destacando, entre otras razones, que “extremos tales como las determinaciones relativas a la generación de estiércoles y producción de gases contaminantes y relativas a la gestión de estos y otros residuos” requieren conocimientos técnicos específicos.
Según la normativa, la evaluación de impacto ambiental “debe comprender, al menos, la estimación de los efectos causados sobre la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada”, señala el Colegio en su recurso.
