La futura ley del arbolado urbano de Canarias puede colapsar los servicios municipales, advierten los ingenieros agrónomos

La futura ley del arbolado urbano de Canarias puede colapsar los servicios municipales, advierten los ingenieros agrónomos
Prensa

La reciente tala de 17 ejemplares de laureles de indias (Ficus microcarpa) en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a poner de manifiesto una realidad cada vez más urgente: la gestión del arbolado urbano requiere la intervención de profesionales cualificados y mayores recursos técnicos y humanos para garantizar la seguridad de las personas y la sanidad del patrimonio vegetal.

En este caso concreto, los ejemplares presentaban un deterioro fisiológico irreversible, derivado de una infección vascular causada por el hongo de la madera (Lasiodiplodia theobromae). La única técnica de control efectiva actualmente consiste en intervenir mediante podas sanitarias o, en última instancia, la eliminación del ejemplar.

Según el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, el trabajo técnico consiste precisamente en anticiparse al daño, intervenir con previsión y tomar decisiones responsables, incluso cuando estas son difíciles o impopulares.

 

Una ley con buenas intenciones, pero sin medios

En este contexto, los ingenieros agrónomos advierten de los riesgos operativos y técnicos que conllevaría la futura Ley de Protección del Arbolado Urbano (10L/PPLP-0034), actualmente en tramitación parlamentaria; una regulación excesivamente rígida, sin respaldo de medios materiales ni humanos en los ayuntamientos.

Esta propuesta legislativa plantea, entre otras medidas, la prohibición de la tala de árboles y las podas drásticas sobre ejemplares en suelo urbano con más de quince años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro medido a 1,40 m del suelo, además de obligaciones específicas para los propietarios y la exigencia de un inventario municipal de arbolado urbano actualizado cada 10 años.

Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias señalan que, sin una dotación de recursos adecuada, tanto económicos como técnicos, la ley podría bloquear por completo la capacidad operativa de muchos ayuntamientos, especialmente los pequeños y medianos.

“Si se aprueba esta ley tal y como está planteada, con altos niveles de exigencia pero sin estructura técnica detrás, vamos a colapsar los servicios municipales. Muchos consistorios apenas cuentan con técnicos o con operarios generalistas que se encargan de todo, desde reparar una acera hasta regar un jardín. No tienen ni personal cualificado ni medios para asumir este nivel de control”, señalan desde el Colegio.

El problema no es solo económico. Como advierten desde el colectivo profesional, la jardinería y la gestión del arbolado requieren conocimientos multidisciplinares que incluyen fisiología vegetal, sanidad vegetal, fitopatología, riego, suelos, seguridad estructural, planificación urbana y análisis de riesgos.

“No basta con prohibir la tala o imponer inventarios. Se necesita personal que sepa interpretar los datos, analizar su evolución, tomar decisiones informadas y aplicar medidas correctoras. La gestión eficiente de los espacios verdes urbanos debe comenzar en la planificación de los mismos, desde la selección de las especies a utilizar, conociendo su necesidades vitales; patrones de desarrollo, posibles plagas y enfermedades, etc. para asegurar la supervivencia a largo plazo del ejemplar. Eso exige formación técnica y experiencia. Todo ese compendio lo aportamos los ingenieros agrónomos”, añaden.

El Colegio subraya que hacer un inventario puntual sin continuidad ni seguimiento no tiene valor práctico real. Un inventario de arbolado urbano solo es útil si se mantiene actualizado, se analiza su evolución anual y permite corregir desequilibrios en la distribución, el estado o la diversidad vegetal del municipio.

Desde el Colegio se insta al Parlamento de Canarias a revisar la propuesta legislativa contemplando medidas que refuercen los servicios técnicos para garantizar una gestión del arbolado que sea segura, eficiente y sostenible.

 

Sobre el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias es una corporación de derecho público formada por cerca de 1.600 ingenieros agrónomos colegiados que desarrollan su actividad profesional en ámbitos como los de la agricultura y la ganadería, la alimentación, el medioambiente o el medio rural, entre otros.

En el ámbito de parques y jardines, por ejemplo, los ingenieros agrónomos planifican, gestionan y mantienen zonas verdes, parques y jardines; diagnostican y tratan plagas; evalúan riesgos del arbolado urbano; diseñan infraestructuras verdes sostenibles y aplican criterios técnicos preventivos.

 

 

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Isabel Caballero
Responsable de Comunicación
COI Agrónomos de Centro y Canarias
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