La actualización del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de Canarias, actualmente en consulta pública, es un paso necesario para adaptar la gestión del agua a la normativa vigente. No obstante, desde el colectivo de ingenieros agrónomos insisten en que debe reconocerse el papel estratégico de la agricultura como principal consumidora de agua y base de la soberanía alimentaria.
Entre las principales propuestas que ha realizado la Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias en Tenerife, destaca la prioridad del uso agrícola para el agua de mayor calidad, así como el impulso decidido al uso de aguas regeneradas como fuente alternativa para el riego. Para ello, se plantea fomentar infraestructuras que garanticen su distribución, especialmente en zonas con mayores dificultades de acceso, como las medianías.
Asimismo, los ingenieros agrónomos subrayan la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión del recurso. Reducir las pérdidas de agua en redes de transporte y almacenamiento debe convertirse en una obligación, estableciendo límites claros y promoviendo la modernización de las infraestructuras hidráulicas, tanto públicas como privadas.
El sector también pone el acento en la seguridad jurídica, especialmente en lo relativo al uso de aguas regeneradas, reclamando una definición clara de responsabilidades entre los distintos agentes implicados. Igualmente, se solicita el reconocimiento específico de las comunidades de regantes y otras entidades tradicionales, fundamentales en el modelo hidráulico canario.
Por otro lado, abogan por simplificar los procedimientos administrativos, impulsar la digitalización de las infraestructuras y establecer incentivos para aquellas entidades que cumplan con los objetivos de eficiencia y sostenibilidad.
Los ingenieros agrónomos advierten de la importancia de que la nueva normativa sea proporcional y adaptada a la realidad insular, evitando cargas técnicas o económicas excesivas que puedan comprometer la viabilidad de las explotaciones agrarias.
La Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias en Tenerife confía en que el proceso de consulta pública permita construir una regulación equilibrada, capaz de proteger los recursos hídricos sin poner en riesgo el desarrollo del campo canario.
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Isabel Caballero
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