Formado en la Universidad de La Laguna, Teiste Delgado Arteaga encontró en la ingeniería agronómica lo que buscada: “Desde el inicio me atraían especialmente la biología y la química, y buscaba una carrera que integrara ambas disciplinas con una aplicación práctica sobre el territorio”. “A lo largo de la carrera tuve profesores que transmitían una enorme pasión por esta profesión, y esa forma de entender la agricultura como un campo técnicamente riguroso y, al mismo tiempo, profundamente ligado a las personas y al territorio terminó de orientarme definitivamente”. Desde Las Palmas de Gran Canaria, charlamos con nuestro colegiado sobre el ejercicio de la profesión en las islas.
Tras una década de trayectoria profesional, ¿qué te ha enseñado el ejercicio de esta profesión que no se aprende en las aulas?
La práctica profesional me ha enseñado que la ingeniería agronómica requiere tanta capacidad técnica como gestión humana. En el día a día surgen aspectos que no aparecen en los manuales: negociar soluciones viables con administraciones, interpretar la normativa territorial en contextos cambiantes, gestionar expectativas de clientes y adaptarse a realidades agrícolas muy diversas.
También he aprendido que la precisión técnica debe ir acompañada de una gran capacidad de adaptación, porque cada finca, cada explotación y cada proyecto presentan condicionantes distintos que obligan a aplicar criterios ingenieriles con flexibilidad y rigor.
Has trabajado en redacción de proyectos rurales, peritajes, asesoramiento técnico y valoraciones agrarias. ¿Hay algún proyecto que recuerdes con especial orgullo o que haya supuesto un antes y un después en tu carrera?
Recuerdo especialmente proyectos vinculados a la recuperación de suelos agrícolas en abandono y a la implantación de nuevas explotaciones familiares. Estos trabajos marcan un punto de inflexión porque demuestran cómo la ingeniería agronómica no solo diseña infraestructuras, sino que impulsa oportunidades reales para el medio rural.
Del mismo modo, varios informes periciales complejos y valoraciones para entidades financieras fueron determinantes, ya que me obligaron a profundizar en la normativa, la metodología ECO y los criterios de tasación agraria, reforzando mi perfil técnico y la confianza de clientes e instituciones.
¿Dirías que ejercer como ingeniero agrónomo en las islas implica desafíos o enfoques distintos respecto a la península ibérica? ¿Crees que el territorio insular exige una especialización o adaptación técnica particular?
Sin duda. El ejercicio en un territorio insular implica condicionantes específicos: limitación de suelo agrícola, fragmentación parcelaria, elevada presión urbanística, orografía compleja y una normativa territorial muy particular, como la Ley 4/2017 del Suelo de Canarias y los distintos PIOT y PGO municipales.
Esto obliga a una especialización en planificación rural, justificación urbanística y gestión de recursos escasos (como el agua), además de una comprensión profunda de los microclimas y zonas agroecológicas del archipiélago.
El ingeniero agrónomo en Canarias debe trabajar con una perspectiva integral y adaptada, teniendo en cuenta tanto el potencial productivo como las restricciones que introduce la insularidad.
Esta es una profesión que combina trabajo de campo, análisis técnico y relación con personas del entorno rural. ¿Cuál de estas facetas dirías que es la más exigente y cuál la más gratificante?
La faceta más exigente suele ser la coordinación entre lo técnico y lo administrativo, especialmente cuando se trata de tramitar proyectos en suelo rústico, donde convergen múltiples normativas sectoriales.
La más gratificante, sin duda, es el trabajo de campo y el contacto directo con agricultores y ganaderos. Ver cómo un proyecto mejora una explotación, resuelve un problema o aporta seguridad jurídica genera una satisfacción difícil de igualar. La ingeniería agronómica tiene un impacto directo y tangible en la vida y la economía rural.
Desde tu experiencia, ¿cuáles diría que son los principales desafíos actuales que enfrenta el sector agroalimentario en las islas?
Los desafíos del sector agroalimentario en Canarias son diversos y, en muchos casos, estructurales. Entre los más relevantes destacaría:
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La escasez y el elevado coste del agua, especialmente en islas con infraestructuras limitadas o con fuerte dependencia de la desalación.
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La fragmentación y el abandono del suelo agrícola, que dificulta la consolidación de explotaciones viables y agrava el envejecimiento del sector.
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La presión urbanística y la complejidad normativa, que obligan a justificar cada actuación en suelo rústico con un alto nivel de rigor y solvencia técnica.
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La falta de relevo generacional, un problema transversal que compromete la continuidad de muchas explotaciones.
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La dependencia logística y de insumos externos, que incrementa los costes de producción frente a otras regiones.
A pesar de estas dificultades, el sector cuenta con herramientas normativas que pueden favorecer su dinamización y aportar mayor claridad al marco de actuación. En este sentido, la reciente modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, junto con el Proyecto de Reglamento de Usos del Sector Agrario actualmente en tramitación, constituyen instrumentos que pueden mejorar la seguridad jurídica, simplificar determinados procedimientos y favorecer la implantación de nuevas actividades agrícolas y agroindustriales.
Si se aplican de manera coherente y acompañadas de asesoramiento técnico adecuado, estas herramientas pueden impulsar de forma decisiva la competitividad y modernización del sector agroalimentario en las islas.
